JUSTICIA Y POLITICA

 

Siempre se ha dicho que los jueces hablan solo por sus   sentencias.   

Sin embargo   ,  en el mundo de hoy  , esta afirmación parece   relativa.

Poco a poco la imagen del  juez recluido en su despacho analizando  bajo una  lámpara de luz tenue los casos que debe  resolver ha sido desplazada por  la de un funcionario más accesible  y con un contacto más  cercano al mundo que lo rodea.

El auge de las comunicaciones  y la nuevas tecnologías de la información  mucho han tenido que ver con estas modificaciones   ; la actividad judicial  ya no se está   encapsulada en los Tribunales  como sucedía antes pues las exigencias de la sociedad actual han impuesto una nueva  modalidad en donde la interacción con la comunidad  a la que el funcionario pertenece y la información juegan un papel muy  importante.

Nunca más que ahora se ha corporizado  en la sociedad aquello de que “El pueblo quiere saber de qué se trata”

Nunca más que ahora la inquietud de la gente  por saber lo que ocurre a su alrededor es canalizada por las múltiples alternativas informativas.

El  derecho acceso a la información reconocido en el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica es una  herramienta fundamental   para alcanzar la transparencia de los actos del Estado y  también un medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad. Pero además es propia del  régimen republicano que contiene en su esencia el principio de la publicidad de los actos de gobierno.

No obstante,  dentro de la esfera judicial  tan importante como preservar el legítimo derecho a la información ciudadana es definir  los límites y hallar el  punto de equilibrio necesario para que sin vulnerarlos   se preserven  las normas del debido proceso judicial,

La independencia del poder judicial, uno de los pilares sobre los que se asienta una república presupone  que nadie, ni otros poderes del Estado, ni la opinión pública ni los medios de comunicación interfieran  de algún modo la  actividad de la justicia.

Un  juez no tiene que ser popular  en el sentido de buscar la aprobación de la mayoría. El juez tiene que lograr que las mayorías entiendan lo que está haciendo y lo respeten  aunque no estén de acuerdo. 

 

 

Lamentablemente hoy en día la independencia  del poder judicial  en la Argentina  está cuestionada  lo cual es un problema muy serio que debe hacer reaccionar a toda la sociedad.

 

Diariamente tomamos conocimiento de investigaciones judiciales  que quedan salpicadas por la sospecha de que hay intereses políticos en juego que obstruyen el camino de la verdad y la justicia.

Cada vez se ha acentúa más en la sociedad la sensación de que los funcionarios judiciales trabajan presionados por un determinado sector político o que tienen una postura  que pone en  tela de juicio  su imparcialidad.

Una situación de esta naturaleza  se suscitó con  la muerte del fiscal Nisman de gran  repercusión    en los  medios de comunicación , que ha suscitado en la opinión pública la sensación  de que se está frente a un caso que nunca llegará a resolverse porque los intereses políticos en juego impedirán que se avance hacia la verdad.

 

La remoción del juez Luis María Cabral de su cargo como subrogante en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, con el propósito de impedir su presumible voto en contra del cuestionable memorando entre la Argentina e Irán   y el apartamiento del Juez Bonadío de la causa  Hotesur que venía investigando  profundiza la crisis del poder judicial y por ende  de las instituciones democráticas

Según el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, los jueces se están "defendiendo contra un intento de eliminación de la Justicia", agregando que  "lamentablemente muchos fiscales y jueces tienen miedo" y aseveró que "cuando llegan causas complicadas, uno tiene que tener coraje y, lamentablemente, hay muchos que no lo tienen".

 

Por esta razón uno de los mayores desafíos que deberán asumir el próximo gobierno deberá estar orientado en  devolver al poder judicial todos los atributos que presupone su buen funcionamiento  para que puedan cumplir su misión de  asegurar la vigencia de la Constitución y las instituciones que ella ha erigido.

 

María Cecilia Repetto