LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN LA AGENDA LEGISLATIVA        

            No hay nada más volátil que la atención de la opinión pública. Por más interés que despierte un   hecho, por más desconcierto que provoque una noticia, la fuerza de su impacto  se va perdiendo  con el correr de los días.

 Hace algunas  semanas, por ejemplo,  todo el eje de atención estaba puesto en el malogrado pedido de expulsión del Diputado Julio de Vido  del Congreso de la Nación, pocos días después la campaña electoral se ocuparía de barrer y  dejar bajo la alfombrar  todos los comentarios sobre este asunto y de otros casos de corrupción.

Uno tiende a pensar que debería ocurrir lo contrario ¿no? Las  elecciones legislativas deberían generar  el marco propicio para debatir en profundidad el tema de la transparencia institucional y las condiciones éticas que deben reunir quienes ocupan cargos en el gobierno  a sabiendas de que nuestro sistema político nunca mejorará si se sigue permitiendo  que  personas con antecedentes penales revistan el carácter de  funcionarios  públicos.

Cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación  de las  investigaciones sobre  casos de corrupción que parecen nunca terminar  y que en vez de aclararse  cada vez se confunden y complican más ,cuando escuchamos a nuestros legisladores enredarse en discusiones sobre si la ley fundamental quiso decir esto y no lo otro ,si el diputado De Vido  estando  procesado debe permanecer en su  banca hasta que sea condenado ,aunque la justicia demore mil años y tenga mil quinientas pruebas que lo condenen ,yo pienso  que mientras  no nos pongamos de acuerdo ,con firmas certificadas , de algo tan básico como es determinar  quiénes pueden ser representantes en una  república y quienes no pueden, cuando la letra de ley no dé lugar a variadas  interpretaciones ,cuando exista un castigo moral para los autores , cómplices y encubridores de la corrupción estatal seguiremos navegando como hasta ahora en aguas contaminadas.

En estos aspectos hay que resaltar la importancia que tiene  el compromiso de la ciudadanía en cuanto a elevar su nivel de exigencia a la clase política. Es curioso  que lo que no se le permitiría a un representante local, se toma más a la ligera a la hora de  evaluar la conducta de funcionarios  nacionales o provinciales.Habría que analizar los motivos por los cuales la reacción es diferente  en uno u otro caso.

Pensemos en el Honorable Concejo deliberante de nuestra ciudad y cómo reaccionaría el pueblo de Dolores si uno de sus integrantes estuviera procesado por delitos de diversa índole poniendo  en tela de juicio su honestidad para desempeñarse como concejal.

En las comunidades pequeñas como puede ser la nuestra, la ventaja  que a veces puede interpretarse  como una molestia, según como se lo  mire, es que todos  se conocen.

Por este motivo, en  la conformación de las listas a candidatos a cargos públicos  se pone particular énfasis en integrarla con gente a quien no se le pueda reprochar de mala conducta  porque la presencia de una persona de dudosa reputación  salpicaría al resto de sus integrantes.

Lo que tiene de bueno entonces  es que, aun aceptando que la pureza no existe salvo en el reino celestial,  la separación de un edil de su cargo en el hipotético caso de estar procesado por delitos  como los que se le imputan a De Vido, se produciría por la propia condena moral  del vecindario  más allá de la fuerza política a la que perteneciera.

Ese límite que impone la gente a sus representantes locales y que se  traduce un gesto de madurez  y mayor compromiso con la propia comunidad  debería prevalecer en todos los órdenes, en  el caso De Vido y en el de cualquier otro miembro del poder legislativo con una situación procesal que lo inhabilite moralmente para desempeñarse en un cargo público.

Si para ocupar  cualquier cargo público  se establece como causa de incompatibilidad no tener antecedentes penales, tratándose de legisladores el ejemplo de transparencia debería ser un atributo  indiscutido .

No en vano se le ha antepuesto el carácter de Honorable Congreso u Honorable Concejo, pues al menos que el adjetivo que lo precede haya sido en broma debemos entender a que hace alusión a la condición de sus integrantes y al honor  que significa ser elegido  nada menos que  para redactar las leyes del  pueblo.

La verdad es que la renovación  legislativa  debería  ser la oportunidad  para para superar  los errores del pasado ,que en estos tiempos de campaña los candidatos  digan a la gente que harán  para combatir la corrupción ,porque el progreso de un país depende entre otras cosas de los valores que enarbole  su  clase política y el ejemplo de conducta que le brinde a la ciudadanía.

María Cecilia Repetto