LA PUREZA DEL SUFRAGIO

La sanción de la ley Saenz Peña en el año 1912 representó  un avance en la consolidación del sistema democrático al establecer  el voto popular, secreto y obligatorio.

Con ella  parecían haber quedado  atrás el fraude y la violencia  que garantizaban la permanencia en el poder de una minoría autoritaria que gobernaba  a espaldas de  los sectores más desprotegidos que no tenían  voz ni voto.

Pocos países antes de 1914, afirma Natalio Botana, constituían  repúblicas formales (Estados Unidos, Francia, Suiza)  La mayoría de las naciones  eran monarquías en las que se aplicaba el voto censitario  que exige al ciudadano  poseer ciertos  bienes para poder sufragar.

Pero la tendencia más moderna apuntaba  a abolir  tales requisitos  como se había hecho en España  donde se instalaron formas limpias de sufragio y el gobierno de Saenz Peña  se inspiró en el modelo español.

Esta primavera democrática, sin embargo, no tuvo demasiada  eficacia en el tiempo.

Luego de la Revolución del 1.930   sucesivos gobiernos se encargaron de transgredirla .Volvieron la década del fraude  y el consiguiente retroceso de los hábitos cívicos de nuestro país.

La primera de estas violaciones se perpetró después de las elecciones  bonaerenses  del 5 de abril de 1.931 en donde el Presidente Uriburu  ante el indudable triunfo radical anuló la elección.

A partir de esa experiencia y desde las elecciones generales de noviembre de 1931 en los cuales la fórmula radical fue proscripta  el oficialismo comenzó a utilizar el fraude como mecanismo que evitaba el acceso de los opositores al poder .El presidente Justo llegaría al poder dentro de este contexto.

En esta época el sistema se vio inundado de trampas  y violencia: Se secuestraban libretas, se agredía y expulsaba  a los fiscales de la oposición, se falsificaban las actas, se sustituían urnas.

Un ejemplo de ello  fue la elección de Manuel Antonio Fresco para la gobernación de Buenos Aires en 1.935.Esta época es conocida  con  el calificativo de Fraude Patriótico.

Según los conservadores  y antipersonalistas  este era el modo de evitar  que llegaran al poder las masas  que ignorantes  se dejaban manipular por demagogos  que hacían mal uso de la cosa pública.

Una situación de estas  características  se repitió  en 1.937 cuando  asume  la presidencia de la  nación la fórmula oficialista integrada por  Roberto Ortiz –Ramón Castillo.

 No obstante, ni bien asumido el cargo , el nuevo presidente  ,incómodo con la fuente y naturaleza de su poder  se empeñó    en modificar ese pecado de origen  encarando para ello un proceso de restauración de las normas democráticas  elementales .Esta actitud hizo que lo compararan con Roque Saenz Peña  quien también había llegado al poder con elecciones fraudulentas  para después desmontar  un sistema  político corrupto .

 

Los hechos ocurridos recientemente en las elecciones de la provincia de Tucumán nos han hecho recordar prácticas que parecían superadas en nuestro país después de más de treinta años de ejercicio democrático ininterrumpido.

En estos días las numerosas  denuncias de irregularidades en el acto eleccionario  de Tucumán han encendido una señal de alarma acerca de la fragilidad de un sistema electoral que  debe ser revisado pues pone en peligro  la solidez de nuestra democracia.

Es una decisión de los argentinos pero en especial de la clase política impulsar los cambios necesarios para afrontar la próxima elección presidencial en un marco de legalidad y transparencia.

Desde la sanción de la Ley Saenz Peña  hasta hoy se ha avanzado mucho  en tecnología, en informática y en herramientas que aportarían mecanismos  más eficientes más rápidos, más transparentes a la hora de votar.

Propiciar una reforma electoral para ponerla en práctica el próximo  25 de octubre es imposible pues no daría el  tiempo para poder realizarla .No obstante ello, hay procedimientos de emergencia que podrían contrarrestar los déficit del sistema de votación en los comicios que se llevarán a cabo en el mes de octubre.

De todas las propuestas que se han aportado estos días la Cámara Nacional Electoral  analiza la posibilidad de instrumentar la boleta única complementaria  para los caso en los que el votante reporte a las autoridades de mesa  ausencia de boletas de una o más listas en el cuarto oscuro.

Por otro lado las principales fuerzas de la oposición  están trabajando en un acuerdo de colaboración interpartidario  para que en cada votación haya fiscales repositores con boletas de todos los partidos.

También sería beneficioso profundizar la capacitación de las autoridades de mesa y    asegurar su presencia el día de la votación y además  acercar información clara  al votante  sobre la oferta electoral.

Esto último se vuelve muy complejo en algunas provincias donde el sistema de acople, como el de Tucumán o  La Rioja, estimula la proliferación de partidos que cuelgan sus listas de legisladores e intendentes debajo de la boleta  de los candidatos principales generando confusión.

Durante la década del 30 la ley Saenz Peña estaba vigente pero eran sus representantes con la complicidad de un parte de sociedad civil quienes consentían su  transgresión.

Lo ocurrido en Tucumán es un llamado de atención a la ciudadanía a no retroceder a la época de las   prácticas fraudulentas que han opacado nuestra  historia.

No basta con perfeccionar el mecanismo electoral si no existe conciencia cívica por respetar las leyes, por eliminar de raíz la corrupción estatal, el feudalismo arraigado en muchas provincias del interior y el clientelismo que mantiene cautivos a las clases pobres.

Por esta razón una reforma electoral bien planteada debe ir acompañada por una revolución educativa que es la  herramienta más eficaz que se ha inventado para  liberar al hombre y combatir los ardides de la política.

María Cecilia Repetto