EL
PROYECTO DE AMPLIAR MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA
Al
asumir la presidencia de la Nación en el año 1983, el Doctor Alfonsín le
ofreció el cargo de presidente de la Corte Suprema a quien había sido su
adversario político en la puja electoral, Ítalo Argentino Lúder.
Se trató de un gesto
democrático e institucional de enorme trascendencia a través del cual el
presidente electo Alfonsín quiso dejar en claro que no tendría en su gobierno
una Justicia adicta, sometida a los deseos del sector político que había ganado
las elecciones y que tampoco iba a ser una herramienta de venganza.
Lejos estamos hoy de
aquellas pretensiones de imparcialidad de la justicia, de aquel ejemplo
republicano que en aquel entonces llenó de ilusiones a millones de argentinos,
de vivir en un país con instituciones que funcionan y leyes que se aplican a
todos los ciudadanos por igual.
Hoy mientras el país se
ahoga en problemas sociales de extrema gravedad la agenda política parece estar
enfocada en la ampliación de los miembros de la Corte Suprema con
fines que no contribuirán a resolver los problemas de la gente y
que solo tienen que ver con temas judiciales que involucran a la vicepresidenta
de la Nación y de varios de sus colaboradores en causas donde son investigados.
De otra manera no se
entiende cuáles son las razones para dedicar tiempo en debatir la ampliación
del número de miembros de la Corte; su funcionamiento no sería mejor por ello y
el argumento de que se pretende constituir una Corte Federal carece de sustento
legal.
Cabe destacar que el
proyecto oficialista para ampliar la Corte Suprema de Justicia de 5 a 15
miembros ya obtuvo media sanción en el Senado, aunque es difícil que cuente con
los apoyos suficientes para avanzar en la Cámara de Diputados.
Para lograr el quorum de
129 diputados el Frente de Todos necesita 11 aliados para sumar a sus 118
legisladores que aún tiene perspectivas de conseguir.
Desde 1860, ese tribunal ha
funcionado con cinco, siete, nueve y con apenas tres miembros. Y ese número no
alteró —ni para bien, ni para mal— su funcionamiento. Tuvo sus buenos y sus
malos momentos, que dependieron más de la probidad e idoneidad de sus
integrantes, pero no en el número de miembros.
Desde la vuelta a la
democracia la Argentina ha modificado su composición en dos oportunidades, en
1.990, durante la presidencia de Carlos Menem que se pasó de 5 a 9 miembros y
durante el gobierno de Kirchner que se bajó de 9 a 5 miembros.
Nuevamente se advierte un
divorcio entre los problemas reales que tienen los ciudadanos: la inseguridad,
la falta de empleo, la inflación, el éxodo de jóvenes y el proyecto que impulsa
el oficialismo que no ayudará a resolverlo.
Existe hoy un fuerte
planteo de la sociedad hacia la justicia, se descree de ella, de su
imparcialidad. Pagan justos por pecadores porque no todos los jueces son
iguales, pero la verdad es que el desprestigio existe y ha sido forjado no por
azahar sino como consecuencia de fundados cuestionamientos acerca de su
independencia, de estar influenciados por el poder del turno y de no cumplir
con sus deberes esenciales.
¿Sumar jueces para qué
serviría? ¿Se nos ha explicado acaso algo?
El objetivo de este
proyecto no es mejorar la administración de Justicia como sí hace falta. De ser
así la clase política podría comenzar por ocupar los cientos de vacantes ya
existentes en los tribunales, cuyos nombramientos están atrasados, y designar a
los candidatos a jueces, camaristas y fiscales que ya ganaron sus concursos en
el Consejo de la Magistratura y esperan la propuesta del presidente o el
acuerdo del Senado.
La solución no pasa por
aumentar el número de jueces, al contrario, creo que la situación empeoraría.
Asimismo, ante la evidencia
de que la Justicia argentina registra significativas falencias, triplicar la
cantidad de miembros del máximo tribunal, al entorpecer aún más los
procedimientos, no haría más que agravar el mal funcionamiento del Poder
Judicial. Significaría, también, incurrir en mayores erogaciones que recaerían
sobre unas finanzas públicas ya exhaustas
En un clima social
enrarecido como el que vivimos lo que se necesita son gestos y acciones
republicanas que contribuyan a afianzar la unión nacional como los tuvo Raúl
Alfonsín en tiempos de recuperación de la democracia.
Hace falta encarar reformas
estructurales que otorguen confianza y previsibilidad, generar el
marco propicio para la generación de empleo genuino y la inversión y, para
ello, resulta indispensable un marco institucional que brinde seguridad
jurídica.
Lo que hace falta, en suma,
es que quienes gobiernan dejen de lado sus cuestiones personales y pongan
esfuerzo en dar respuestas a las reales preocupaciones de su gente.
María Cecilia Repetto
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